El pánico del Gobierno a nuestra mania por saber

Libertad, libertad de expresión, libertad de prensa... son conceptos con los que los miembros del Gobierno no parecen estar muy familiarizados en estos momentos. El desconocimiento acerca de cómo enfrentar el aluvión de críticas al que se esta viendo sometido en los últimos meses hace que recurran a la represión de aquellos que alzan su voz, lo que provoca un aumento del enfado de sus ciudadanos.

A comienzos de esta semana El Confidencial Digital ha publicado una noticia que explica claramente la estrategia comunicativa que está llevando a cabo: "El Gobierno maniobra para 'cargarse' a Pedro J, suavizar a laSexta y mantener neutralizado a El País". Como si de un simple botón se tratara, Mariano Rajoy pretende acallar, no solo a RTVE -a la que ya ni deja emitir reportajes críticos con las medidas del Gobierno- sino a toda la crítica del mundo de los medios tradicionales.

Sin embargo, estas medidas no son nuevas para los protagonistas del titular de la noticia ya que Pedro J Ramírez ya fue protagonista de un presunto acoso por parte del Ejecutivo debido a sus informaciones acerca del caso Bárcenas y que denunció el pasado 4 de agosto.

Tampoco es un método nuevo para laSexta, quien lleva escuchando estas amenazas por parte de los miembros del Partido Popular que han ido ido en aumento a la par que el experimentado por los niveles de audiencia que su 'buque insignia' del 'prime time', El Intermedio, presentado por El Gran Wyoming.

Para El País, por otro lado, tampoco es nuevo este intento de censura, sin embargo, de estos tres medios se caracteriza por ser el que más a acallado estos intentos sucumbiendo en algunas ocasiones a la censura impuesta desde Génova.

La opaca transparencia

Pero estos no son los únicos problemas a los que se enfrenta el Gobierno en su lucha con los medios de comunicación e información. En los últimos meses han proliferado las webs y los medios que se sirven de los datos públicos para realizar sus propias investigaciones como los proyectos de la Fundación Civio -la cual ha estrenado esta semana la web Quien Manda-.

Para ellos, el Partido Popular ha ideado la creación de una Ley de Transparencia -tan esperada por estos medios- en la que legalizar las barreras de la información pública y la confidencial. Sin embargo, como era de esperar, esta ley se ha redactado de una manera muy particular.

Este proyecto de ley -actualmente en debate en el Senado- tiene grandes barreras. Tal y como explica El Confidencial en este artículo, de entrar en vigor esta ley sin ser reformada, las instituciones no estarían obligadas a entregar información acerca de sus contratos con empresas privadas, los correos electrónicos oficiales de sus empleados, o la información de relevancia jurídica relacionada con la Casa Real.

De esta manera, una vez más, la política vuelve a guardarse las espaldas mediante la creación de un mecanismo de control vacío que únicamente servirá para impedir la labor de contrapoder del periodismo y el derecho de la ciudadanía a conocer quiénes les están gobernando, cómo lo hacen y con qué dinero.

Una vez más el pánico del Gobierno a ser cuestionados hace que no sólo no ejerzan sus funciones sino que impidan que se realicen las demás provocando el efecto contrario al deseado: aumentando el descontento y generando cada vez mayores cuestiones acerca de la capacidad de liderazgo y de las medidas ocultas que los señores 'populares' están llevando a cabo. Un malestar avalado con cada mayor número de razones.